Organismos solicitaron a la próxima Secretaria de Gobernación que investigue a funcionarios corruptos.
Organismos en favor de los Derechos Humanos indicaron que funcionarios públicos podrían estar vinculados con redes de trata de personas, pues obstaculizan la implementación de las alertas de violencia de género.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres podría estar vinculada con organizaciones delictivas e incluso con redes de trata de personas, así lo dijo María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
«Sabemos que lo único que están visibilizando es que están protegiendo a la delincuencia, porque no les pasa nada y no inician acciones para garantizar que esto disminuya en el país», aseveró Estrada.
El pasado 3 de mayo, estos organismos enviaron una misiva al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el fin de que se implemente de manera eficaz la Alerta de Violencia de Género (AVG), pues existen reportes de que en estados como Puebla y Tlaxcala se ha obstaculizado la activación de estos protocolos; sin embargo, no han recibido respuesta del funcionario.
«A nosotras sí nos parece que hay dolo, por eso habría que investigar, nosotras estaríamos pidiéndole a la nueva secretaría de Gobernación, que inicie procedimientos, porque no podemos dejar pasar que estamos ante violaciones graves a derechos humanos y que no le pase nada a ningún funcionario», puntualizó Estrada.
Agregó que, de estar involucrado algún funcionario, se tendrá que sancionar o de lo contrario, no se podrá combatir la violencia feminicida en un contexto de redes criminales, lo cual se visibilizó en un estudio realizado por organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
De acuerdo con el estudio, se observaron que en las desapariciones de menores de edad se encuentran vinculadas la violencia doméstica, las redes criminales, las desapariciones forzadas por narcotráfico, la trata de personas, las adopciones ilegales, entre otros delitos.
«Estamos en un tema delicado y no podemos seguirnos callando, porque quien está pagando eso son muchas mujeres y niñas, y nadie está haciendo nada… lo que les estoy diciendo pone en riesgo a las defensoras, porque denunciamos esas redes, esas complicidades», detalló la coordinadora.
Asimismo, pidieron a la próxima secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, que tome cartas en el asunto y facilite los procedimientos para la emisión de Alertas de Violencia de Género en el nuevo gobierno.
Patricia Bedolla, representante de la Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C., cuenta con altas expectativas, respecto a la próxima administración que Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo planean:
«Sabemos que es algo muy difícil de afrontar para el nuevo gobierno, esta es una situación de inercia, de impunidad que se ha venido fabricando desde hace más de 30 años. Estamos hablando de procesos de impunidad, de esta protección a grupos delictivos en el país, no es algo que de seis años se pueda borrar de un plumazo… creemos que Sánchez Cordero es una persona que ha sostenido sus criterios», vaticinó Bedolla.
Bedolla agregó que, al ser Sánchez Cordero la segunda persona más importante en el próximo gobierno, se puede esperar un gobierno progresista que hará realidad un estado que garantice los derechos humanos y el combate a la impunidad.
«Si a los servidores públicos no se les empieza a castigar por las omisiones, las acciones o la obstrucción a la justicia, difícilmente podremos castigar a los que están afuera», sentenció Bedolla.
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