La ley de Seguridad Interior ya es analizada por la Suprema Corte
Asociaciones y organizaciones civiles aseguran que la Ley de Seguridad Interior es anticonstitucional.
Ha dado inicio la discusión sobre la constitucionalidad de la tan famosa Ley de Seguridad Interior, aquella que tanta polémico ha causado por las facultades que se le podría brindar al ejército. Por ello es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se han puesto a analizar las cuestiones que está ley considerará como legales e ilegales.
Este proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, entre otras cosas, declararía como inconstitucionales las facultades (sin necesidad de declaratoria previa) discrecionales para la atención de riesgos a la seguridad interior, así como también las manifestaciones injustificadas que podrían considerarse como amenazas.
Esto ha dado pie a que un gran sector de la sociedad se muestre inconforme e incluso temeroso con la aprobación de esta ley, pues se dice que de aceptarla, se estaría permitiendo la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo cual iría en contra de lo establecido por la Constitución. Asimismo, una de las mayores preocupaciones son las medidas que el ejército podría llegar a tomar contra las manifestaciones públicas y pacíficas en las calles por el sólo hecho de considerar que quizá sus motivos ideológicos podrían considerarse como amenazas.
Y aunque esta ley podría ser aprobada a rechazada de una vez por todas, cabe resaltar que desde su proposición no ha sido bien vista, pues también le otorgaría al presidente en turno la facultad para declarar «estados de emergencia» en algún estado del país, dándole así vía libre al ejército para llegar a la entidad y «estabilizar la gobernabilidad». Y aunque ya fue promulgada por Enrique Peña Nieto, se decidió por mandar este proyecto a la Suprema Corte para que fuera allí donde se decidiera si es o no constitucional.
Sin embargo, no está de más el resaltar que ya diversos organismos internacionales como la ONU, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, además de otras asociaciones civiles de Derechos Humanos, manifestaron su descontento y preocupación por esta la ley, pues lejos de generar una mayor confianza de la gente hacia el ejército, se piensa que esto sólo contribuiría a aumentar la tensión del país y las violaciones a la ley por parte de las Fuerzas Armadas del país.
Cabe resaltar también la opinión del General Brigadier Juan Torres Torres, subdirector del Colegio de la Defensa Nacional, quien comentó que si bien son en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Guerrero donde más quejas se reciben en contra de la Sedena, aseguró que éstas son financiadas en su mayoría por organizaciones criminales desacreditar al ejército, por lo que él asegura que es necesario la aprobación de esta ley.
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