El debilitamiento de las universidades públicas ha sido aprovechado por la iniciativa privada para fortalecer sus estructuras en el sector y fundar universidades que bajo el esquema costo-beneficio se han hecho de adeptos que la ven como un pilar importante para el éxito profesional.
El deterioro de las casas de estudio universitarias ha llegado al grado de colocar a ex rectores como políticos con pleno ejercicio de sus intereses. Esto lleva a las instituciones verse como instancias políticas no sólo desde las aulas sino desde el ramo administrativo.
Es entonces que los rectores y directores de varias universidades terminan como personajes, relevantes o no, de la política nacional. Contrario a lo que se pensaría, los políticos no ejercen su conocimiento en pro de la educación sino que en muchas ocasiones lo hacen en contra de ella, de ahí que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encuentre anomalías en sus reportes de inversión y egresos.
Ello tuvo como consecuencia que se interpusieran denuncias penales en contra de las casas de estudios y, de hecho, las cifras en este rubro son alarmantes. La universidad pública es concebida como sinónimo de calidad y está estrechamente relacionado con valores que desde su seno y médula, son y deberían ser motivo de orgullo para quienes prestan sus servicios y quienes estudiamos en ellas.
Dichos valores quedan fuera de la discusión cuando se informa que son 14 las universidades que congregan un gran cúmulo de denuncias por desvío de recursos. La más, la Autónoma del Estado de México, que tiene 9 denuncias; a ella se suma la Autónoma del Estado de Morelos con 7. Acumuladas, ambas universidades ostentan 16 de las 31 denuncias interpuestas por dicho delito.
De acuerdo con la Auditoría, las universidades fueron usadas para el desvío de dinero en un formato similar al usado en La Estafa Maestra, en la que una dependencia federal subcontrata empresas fantasma para la prestación de servicios que nunca se realizan.
Hace unos días la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron que una universidad había recibido 150 millones de dólares de 22 cuentas bancarias de distintos países del mundo; por respeto al debido proceso, dijo la dependencia, no se reveló el nombre de la casa de estudios infractora.
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