Juzgado tendría pruebas de malversación contra independentistas catalanes
Juzgado tendría pruebas de malversación contra independentistas catalanes

El Parlamento catalán habría pagado evento para promover independencia.

En este evento participaron tres de los independentistas que enfrentan a la justicia española.

La Guardia Civil española se presentó ante el Parlamento de Cataluña para solicitar documentación en torno a una malversación de recursos que tuvo como finalidad el financiamiento de la organización del referéndum del 1-O.

De acuerdo con personas cercanas a la investigación, se trata de una serie de facturas en las que se pagó la suma de 17 690,20 euros al Teatro Nacional de Cataluña para que el recinto albergara el inicio del referéndum. Aquel día, Carles Puigdemont se hizo de atribuciones para lanzar las bases de la ley que permitiría que los ciudadanos decidieran acerca de la emancipación o no de España.

La factura, se dice, fue abonada por Juntos por el sí, movimiento que era integrado por ERC y PDeCAT, ambos impulsores del proceso de independencia y que ahora ha sido disuelto. La investigación tendría lugar al revisarse si el Parlamento conformado por estos partidos políticos tenía o no la facultad de abonar dinero al procedimiento.

Ante ello, los agentes de la Guardia Civil se presentaron ante el Parlamento, luego de que el juzgado 13 de Barcelona solicitara tales documentos para continuar con las investigaciones, que son consecuencia de lo declarado por Jordi Turull, independentista que ha sido señalado por rebelión y malversación. En su declaración ante el juez, dijo que aquel fue un acto «sufragado por el grupo parlamentario».

En dicho evento también se encontraba Marta Rovira, Oriol Junquereas, Puigdemont y el mismo Turull, según él ha declarado. Los datos hasta ahora recabados por las autoridades españolas han revelado que las facturas fueron pagadas el 3 de julio de 2017, cuando el declarante se ostentaba como el presidente del grupo Juntos por el sí.

Aunque los documentos en cuestión ya habían sido requeridos por el juzgado estos no se habían hecho llegar a esta instancia, por lo que la Guardia Civil tuvo que acudir al Parlamento para solicitarlos personalmente.

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