Amenazan agresiones y robos durante el desalojo que sufrieron en la Plaza de los Mártires
Un mes después, los pobladores exigen el resarcimiento del daño y la actuación del gobernador Alfredo del Mazo.
Un mes después de iniciado el plantón en la Plaza de los Mártires, en la ciudad de Toluca, los pobladores de San Francisco Tlalcilalcalpan fueron desalojados por elementos de las policías Municipal y Estatal, de manera violenta y sin atender sus demandas, aseguraron parte de los manifestantes.
Aunque el desalojo se produjo el pasado fin de semana, las movilizaciones se originaron el pasado 14 de febrero, cuando un grupo de pobladores exigieron la intervención del gobernador Alfredo del Mazo para solucionar el conflicto al que se enfrentan.
Los habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan demandan el resarcimiento del daño provocado por los gobiernos municipales de Almoloya y Zinacantepec, en complicidad con las autoridades estatales, quienes —según sus declaraciones— despojaron de 500 hectáreas al ejido, la mayoría de ellas con abundancia de bosque y mantos acuíferos.
«Han trasgredido nuestro derecho a la autodeterminación como pueblo, así como la soberanía de nuestros recursos naturales y nuestra identidad cultural». Por lo anterior hicieron un llamado al gobernador para intervenir en el conflicto y atender sus demandas; mientras tanto, afirmaron que iniciarán una serie de actividades en la capital mexiquense.
Durante el desalojo, que tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado 16 de marzo, un grupo de 70 uniformados llegaron al lugar y con maquinaria pesada retiraron las carpas de los manifestantes, quienes aseguraron haber sufrido el robo de sus pertenencias: «Las autoridades negaron a identificarse y a presentar por escrito alguna orden».
Parte de las demandas que exigen los pobladores es la creación del municipio de San Francisco Tlalcilalcalpan, una iniciativa que los ha mantenido ocupados durante todo un año, recogiendo los requisitos necesarios para conformación de la nueva demarcación. No obstante, los pobladores han manifestado que el Gobierno mexiquense ha utilizado todos los recursos a su alcance para impedir que la iniciativa denominada Juan Corrales avance, incluida la presión, la violencia y las intimidaciones.
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