Fue el 20 de octubre de 2016 cuando la imagen del nuevo PRI —ese que alguna vez enalteció el expresidente Enrique Peña Nieto— se desvaneció de cara a las campañas presidenciales, dando quizá el último cabezazo a una historia institucional cuyo final no podía ser otro que el fracaso, la cárcel y el desprestigio político.
Aunque la huida de Javier Duarte de Ochoa, ese octubre de 2016, no significó el primer caso de un expolítico (priista o no priista) que intentara escapar de la ley, sí puso de manifiesto que la imagen del Revolucionario Institucional estaba por los suelos: la silla presidencial se les escapaba de las manos.
Junto a Duarte, Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, y César Duarte, exgobernador de Chihuahua, aglomeraron el desprecio de los votantes mexicanos para la clase política embestida en los colores del PRI. Todos ellos prófugos de la justicia en algún momento, se convirtieron en la imagen más detestada por el electorado y en la meta para 2018: sacar al PRI de Los Pinos.
Si bien, uno de ellos aún está prófugo, Roberto Borge fue vinculado a proceso por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder en perjuicio de la paraestatal Vip Saesa, por 319 millones 941 mil 164 pesos, y subcontratación simulada a empresas de transporte aéreo, por 40 millones 192 mil dólares.
Borge está obligado, mejor dicho, las autoridades están obligadas a procurar que el exgobernador cumpla una condena de dos años en prisión, aunque él siga promoviendo su inocencia ante el juez que lo vinculó a proceso.
Así, la encarcelación de una figura más del nuevo PRI nos demuestra lo precaria de esa afirmación del entonces presidente Peña Nieto, pero también pone las alertas sobre quienes fueron señalados durante la pasada administración y que, según el fiscal general Alejandro Gertz Manero, serán investigados y (en caso de ser culpables) castigados.
De inmediato aparecen los nombres de Rosario Robles, Emilio Lozoya y César Duarte, nombres que dan esperanza de justicia a un país con un alto índice de impunidad, aunque a la par también comienzan a sonar nuevos personajes de la política nacional, antes desconocidos, que parecen negarse a dar por terminado con esa historia de corrupción y tráfico de influencias, como Alejandro Gómez Casso, hijo del senador, líder sindical y minero, Napoleón Gómez Urrutia, y su presunto fraude al SAT.
HOY NOVEDADES/EN BOGA
