Los tres italianos desaparecidos en Tecalitlán, habrían sido vendidos por 43 euros al crimen organizado.
Piden familiares de los italianos desaparecidos que su país intervenga y les digan dónde se encuentran.
El Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, informó que cuatro elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tecalitlán serán juzgados por el delito de desaparición forzada, esto a consecuencia por haberse declarado culpables de entregar a tres ciudadanos italianos a integrantes de la delincuencia organizada.
Los reportes de la fiscalía refieren que el pasado 31 de enero, cuatro ciudadanos de nacionalidad italiana fueron reportados como desaparecidos. Tras la noticia, se les acusó de estar involucrados con el crimen organizado de la región, aunque no se ha comprobado. Sin embargo, el pasado sábado 24 de febrero fueron detenidos los policías acusados de su desaparición forzada.
De acuerdo a la versión de uno de los familiares de las víctimas, fue la misma fiscalía quien les informó que los policías los habrían entregado al crimen organizado, aunque se desconoce a cual grupo delictivo, se sabe que en la región tiene mayor presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Francesco Russo, familiar de los desaparecidos, calificó de «algo monstruoso e indignante» el intercambio de sus familiares por la cantidad de 43 euros, como lo informó la fiscalía del estado. A pesar de ello, una de las líneas de investigación que se siguen se enfoca a la actividad laboral de los italianos: vendían plantas de luz y herramientas, al parecer apócrifas, no obstante, Russo consideró que ellos no son criminales, como sí lo son los policías detenidos.
Aunque la investigación continúa su curso, Russo pidió a las autoridades de su país que intervengan y les digan dónde están sus familiares. Mientras tanto, las autoridades mexicanas han puesto a los policías detenidos a disposición del Juez de Control y Oralidad del Sexto Partido Judicial, para que sean procesados de acuerdo a las leyes nacionales, mismas que podrían imputarles la pena de hasta 60 años de prisión.
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