El 13 de octubre de 2014 se interpuso la denuncia ante la oficina del alto comisionado en contra del Estado mexicano.
Lydia Cacho evidenció a un grupo de altos funcionarios que protegían a personajes inmiscuidos en pornografía infantil. Tras ser perseguida y torturada, 13 años después, la ONU reconoce que el Estado mexicano violentó sus derechos humanos.
El caso
Pasaron 13 años para que se emitiera una resolución en contra del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos a los que fue sometida la periodista Lydia Cacho por parte de policías de Quintana Roo en 2005.
En conferencia de prensa, la organización Artículo 19, defensora de la libertad de expresión y el derecho a la información, dio a conocer los resultados del análisis del caso que el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) investigó. Ahí, el representante de este organismo, Jan Jarab, reconoció que hay graves problemas en México que deben atenderse, sin embargo, en este caso concreto enunció seis: la tortura, la violencia de género, la detención arbitraria, la violencia contra periodistas, la impunidad y la colusión de poderes.
A esto, comentó, el Estado mexicano tendrá 180 días para emitir una respuesta en torno a este caso y las soluciones en términos de políticas públicas que se deberán implementar.
El Comité determinó que el Estado mexicano deberá dar publicidad a esta resolución, además de realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva en torno a este caso; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a quienes resulten responsables; ofrecer una compensación adecuada y adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones de esta índole en un futuro.
En entrevista por separado, Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, indicó que el Estado mexicano opta por cumplir con la parte más sencilla de las recomendaciones, es decir, indemnizar a la víctima.
Además, destacó que la persecución emprendida por el Estado en contra de periodistas en todo el país, se ha convertido en una nueva forma de maltrato. A ello se suma la incapacidad de las instituciones para cumplir con el objetivo bajo el cual fueron creadas, lo que ha llevado al país a tener un índice de impunidad de hasta 99.3 por ciento.
En torno a la resolución, Maldonado indicó que les fue notificada la decisión del Comité durante la madrugada del primero de agosto, luego de que los integrantes de este organismo sesionara durante dos semanas en Ginebra, Suiza, en donde se llegaron a varias resoluciones en torno a diversos temas de escala global, uno de ellos el caso de Lydia Cacho.
Sobre el proceso que se lleva a cabo en México, recordó que hay un comandante de la policía que se encuentra en prisión por el delito de tortura, no obstante, solo le fueron dictados seis años de prisión. Este hecho, subrayó, fue usado por parte de la defensa del Estado mexicano ante el Comité presentándolo como un avance en la investigación. Aunque la sentencia fue apelada para que se incrementara, el Tribunal Unitario de Quintana Roo la aumentó, pero aún es considerada como insuficiente dada las violaciones a los derechos humanos a los que sometieron a Cacho.
«Insistimos mucho en varias cosas durante el proceso: en que no carearan a Lydia con la defensa del policía, porque la defensa de Montaño quería que lo carearan en el juicio, se realizaron amparos ante la corte que afortunadamente la defensa se desistió de esos careos; que Lydia no estuviera en la audiencia ampliando su declaración en Quintana Roo, lo hicimos con medidas de protección desde el Reclusorio Oriente vía videoconferencia; tuvimos a un ministerio público que se supone tenía que sostener la acusación: fue apático, en realidad la defensa de Lydia frente al Tribunal, frente a Montaño la hicimos nosotros. Estas fueron algunos de los elementos que presentamos ante el comité, que la defensa activa fue de los representantes y de la misma víctima y no del ministerio público».
Cabe recordar que la persecución en contra de Lydia Cacho se dio tras la publicación de un libro que acusaba a altos funcionarios de participar en hechos relacionados con la pornografía infantil, situación por la que los denunciados demandaron a Cacho por calumnia. Por ello, dijo el subdirector de Artículo 19, a partir de este hecho, se han derogado los delitos de difamación y calumnia en varios estados, caso contrario sucedió en ocho, en donde la ONU ha emitido recomendaciones para su anulación sin que exista respuesta por parte de los congresos locales.
Ante esto, reiteró que actualmente los métodos para perseguir a periodistas han pasado de ser mediante el aparato de justicia penal para pasar al aparato de justicia civil, con el que diversos mandatarios estatales o miembros de la clase política han acusado a periodistas por daño moral.
Nos silencian por contar la historia de México: Lydia Cacho
A 13 años de estos hechos, la periodista Lydia Cacho dijo que el haber sobrevivido a torturas implica tener una fortaleza mental y física, sobre todo al saber que muchos colegas y amigos no lo han logrado. En esta instancia recordó a Regina Martínez, periodista asesinada en Veracruz en 2012, quien al contarle sobre las amenazas de muerte que sufría le dijo que «se quería convertir en Lydia Cacho». A esto, le respondió que si quería convertirse en ella, huyera de Veracruz.
En torno a la resolución del Comité, indicó que esta no le pertenece a ella, sino a toda la gente que la acompañó y marchó en contra del Estado mexicano por ser secuestrada por haber denunciado redes de pornografía infantil. Mencionó que las ganas de seguir tienen diversas razones, pero la más importante de ellas es el sufrimiento de los demás, la muerte de colegas y la nueva generación de periodistas que constantemente le preguntan «¿Cómo puedo ser tan valiente como tú?».
Además, reveló que uno de los policías que la torturó se encuentra ya en la cárcel, pero otro de ellos, se mantiene en funciones en la policía del estado de Puebla.
Por último, dijo: «después de 13 años tengo una sensación: por un lado, es un mérito de esta sociedad; por el otro, se marcó un precedente de una sociedad civil organizada con la finalidad de cambiar las leyes, con la finalidad de revelar la realidad».
Por César Jimenez
Hoy Novedades/ Mi México
