Durante el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de abrogar la Reforma educativa, iniciativa que ha causado un grave descontento entre los sindicatos magisteriales ―en específico de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación―porque la ubican con un estrecho y grave nexo con artículos Constitucionales de índole laboral.
Sin embargo, la batalla contra el presidente no es únicamente en confrontación con el magisterio, sino que también enfrenta al Poder Legislativo. Lo anterior, ante las fracciones del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados, quienes han formado un bloque pequeño que no permite que reformas Constitucionales, que requieren de mayorías calificadas, puedan ser aprobadas por el pleno.
Si bien la población veía el problema de la reforma educativa en el pasado, durante los inicios del sexenio de AMLO han podido darse cuenta de que no es así. Y es que las exigencias de grupos y sectores del magisterio se mantienen firmes ante la nueva administración, tras hacerle frente a Peña Nieto y su gusto por el uso de la fuerza pública.
En enero, la CNTE montó un plantón exigiendo que la Secretaría de Gobernación montara mesas de negociación ante salarios caídos que varios profesores tenían desde meses atrás. El gobierno de Michoacán, a cargo de Silvano Aureoles, echó la culpa a la federación y esta puso los recursos para que el estado pagara el monto señalado. Silvano hizo berrinche hasta la fecha, pues van tres meses que no se le ve por ningún lado.
Posterior a ello devino la nueva iniciativa de Reforma educativa, propuesta por el presidente y la cual, causó nuevos plantones por parte de la Coordinadora. En esta ocasión se realizaron en la Ciudad de México y ni más ni menos que en San Lázaro, en donde se conformaría la minuta y se votaría primero en comisiones y luego ante el Pleno.
Tal situación nunca llegó porque cada que se citaba a los diputados, se veían bloqueados por el magisterio, quienes cercaban el San Lázaro, se iban y regresaban puntuales a la fecha y hora de la siguiente sesión. Ahora que las negociaciones entre la CNTE, la SEP y Segob no han llegado a nada, el presidente piensa derogar incluso la ley promulgada en 2013 por EPN, empero son ahora los legisladores quienes le hacen frente.
Los legisladores aseguraron que la expedición de cualquier decreto por parte del Ejecutivo en torno a la derogación, abrogación, la no aplicación o inobservancia de cualquier disposición Constitucional legal o vigente es inconstitucional y únicamente recae en el Congreso de la Unión.
Las negociaciones entre grupos parlamentarios para las reformas solicitadas por el presidente avanzan bien en el Senado, de la mano de Ricardo Monreal, pero Mario Delgado ha mostrado una falta de coordinación con su bancada para ceder y exigir, según sea el caso.
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