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El partido del presidente electo Nayib Bukele ya se pronunció en contra de la legislación.

La guerra civil en el país centroamericano dejó más de 75 muertos y alrededor de 7 mil personas desaparecidas; el presidente electo busca que no haya impunidad.

De 1980 a 1992 se vivió en El Salvador una guerra civil, durante esos 12 años se cometieron muchos crímenes en contra de los derechos humanos, y quienes perpetraron estos ilícitos podrían quedar impunes. Así lo manifestó Nayib Bukele, presidente electo del país centroamericano, quien denunció esta intención de deslindar responsabilidades.

«Las leyes de amnistía van en contra del orden jurídico internacional, de la dignidad de las víctimas. Las re victimizan. Son leyes de impunidad. Buscan proteger a sus perpetradores y cómplices. Los que la aprueben se convertirán en transgresores», publicó Bukele en su cuenta de Twitter.

Y es que el presidente electo asegura que la Asamblea Legislativa (Congreso) pretende aprobar una nueva ley de amnistía para aquellos que incurrieron en crímenes durante el periodo referido. La Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), partido al que pertenece Bukele, ya aseveró que sus diez diputados «no darán sus votos para la nueva ley de amnistía».

No obstante, para que una legislación sea aprobada en El Salvador solo se necesitan 43 de los 84 votos de los diputados del Congreso, por lo que la falta de apoyo de GANA no sería impedimento para que la ley avance.

Cabe señalar que la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) apoyan este proyecto legislativo, el cual ha encontrado resistencia opositora en distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) en pro de los derechos humanos.

En 2016 la Corte Suprema de este país dio marcha atrás a la ley de amnistía al declararla inconstitucional, por lo que exhortó al Congreso a realizar una ley de reconciliación en favor de las víctimas de la guerra civil.

Esta situación, aseguran, ha sido aprovechada por las fuerzas políticas para dejar sin castigo a los responsables con este proyecto de ley que ha sido cuestionado por Bukele, quien ganó las elecciones celebradas en febrero con el 53 por ciento de los votos y asumirá el poder el próximo 1 de junio.

 

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