La crisis se da luego del aumento en la gasolina de 1.08 a 2.27 dólares
Otras medidas que desataron las manifestaciones son la reducción del salario, de hasta un 20 % y la disminución de días vacacionales, de 30 a 15 días.
El primero de octubre, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, firmó un decreto para eliminar el subsidio a la gasolina —que había permanecido durante 40 años—, por lo que el costo del galón de diésel aumentaría de 1.08 dólares a 2.27 y la gasolina llamada «extra» —la de mayor consumo en el país— pasaría de 1.85 a 2.30 dólares, un incremento en función de los valores internacionales.
Con esta situación, los transportistas fueron los primeros en movilizarse bloqueando calles, carreteras, puentes y el acceso al aeropuerto de Quito, capital del país. Mientras tanto, Moreno reiteraba la apertura al diálogo: «Dispuestos a ceder espacios que no comprometan, bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este Gobierno».
A pesar de tal disposición por parte del presidente para discutir la problemática que aquejaba a los pobladores ecuatorianos, negó categóricamente revertir las decisiones firmadas en el Decreto 883
El 3 de octubre, dada la violencia y el caos que se estaba suscitando en las manifestaciones, el mandatario dispuso el «estado de excepción en el país» desde el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
Al día siguiente, los transportistas dieron por terminado el paro que había durado 48 horas, puesto que declararon que habían cumplido con el objetivo de las movilizaciones: hacerse escuchar a través de un manifiesto de siete puntos entregado al Gobierno nacional. Entre los apartados del pliego destacó que la transportación no se responsabilizaba de hechos vandálicos realizados por infiltrados; el petitorio que derogaba el Decreto 883 había sido entregado al Gobierno; rechazo a la estrategia de varios medios de comunicación que condenaban a los líderes del transporte; y la exigencia de liberar a los dirigentes detenidos. Asimismo, lamentaron el desprestigio en medios y la intervención de infiltrados.
Cabe destacar que una de las acciones a futuro que el Gobierno tomará para disminuir el impacto a conductores movilizados fue el incremento a tarifas del transporte.
Durante las protestas, se unieron a transportistas, estudiantes y campesinos, y aun cuando el paro de los primeros había terminado, un gran sector de la población ecuatoriana siguió con las manifestaciones, sobre todo los trabajadores de la tierra, quienes afirman que el aumento en el hidrocarburo les afecta sobremanera.
«El presidente dice que el aumento del combustible no nos afecta, pero nos tenemos que movilizar de Molleturo a Cuenca (capital provincial) el viaje nos sale dos dólares, ahora tendremos que pagar cinco, pero si nosotros llevamos para vender una gallina, no nos van a pagar el doble», declaró para la BBC Manuel Pacheco, dirigente campesino.
Es importante tomar en cuenta otras medidas del ajuste económico que firmó Lenín Moreno: baja de salarios de hasta un 20 % en contratos temporales del sector público; reducción de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos y un aporte de un día de salario mensual; contribución especial a las empresas con ingresos de más de US$10 millones al año. Según el gobierno se recaudaría un total de US$ 300 millones que se destinarán a seguridad, educación y salud.
El día de ayer, manifestantes entraron la Asamblea Nacional momentáneamente —fueron replegados con gas lacrimógeno por el ejército— en rechazo a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exigiendo bajar las medidas económicas.
En las últimas horas, alrededor de 20 mil indígenas llegaron a la capital para unirse a la huelga nacional programada para el día de hoy y, por su parte, Moreno mudó la sede del Gobierno, de Quito a Guayaquil.
Asimismo, comunidades indígenas declararon también «estado de excepción» a través de un tuit de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE): «Militares y policías que se acerquen a nuestros territorios serán retenidos y sometidos a justicia indígena».
El saldo de la crisis política suscitada en Ecuador es de 570 personas detenidas y cuatro víctimas mortales.
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