Las protestas en Cataluña han dejado más de 60 heridos de ambos bandos
Oposición exige a Pedro Sánchez la aplicación del Artículo 155 constitucional

Las protestas en Cataluña han dejado más de 60 heridos de ambos bandos

Ley de Seguridad Nacional y estado de excepción, entre las propuestas para recuperar la gobernabilidad en Cataluña.

Al menos 51 personas han sido detenidas tras los disturbios ocasionados en Cataluña durante las manifestaciones independentistas que protestan por las condenas a nueve líderes separatistas por la tentativa de secesión en 2017.

En respuesta a la ola de violencia que se vive en Cataluña, el presidente de VOX (partido de ultraderecha), Santiago Abascal, solicitó al Congreso español decretar el estado de excepción pues «Hoy es la única respuesta de nuestro Estado de Derecho para restablecer la pacífica y normal convivencia y regularidad de los servicios públicos en Cataluña».

Por su parte, el líder de la oposición, Pablo Casado, mantuvo una reunión con el presidente Pedro Sánchez en la que le solicitó la aplicación inmediata de la Ley de Seguridad Nacional —permite coordinar a los cuerpos de seguridad bajo un único mando—, así como la exigencia al presidente catalán Quim Torra para que «cumpla sus obligaciones constitucionales y legales».

Casado descartó que en la reunión con el jefe del Ejecutivo se haya abordado el tema de la aplicación del Artículo 155 constitucional, en el que se establece la disolución del parlamento regional de Cataluña y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones, no obstante, aseguró que existen «motivos fundados» para la aplicación de dicha ley, toda vez que Cataluña cuenta con un presidente de parte de los que están «alentando la violencia o cortando infraestructuras básicas (…) Hay serias dudas de que esté cumpliendo con sus obligaciones».

Mientras se decide cómo atender las protestas en Cataluña, al menos 54 mossos y 18 policías nacionales resultaron heridos durante las manifestaciones en las que participaron cerca de 40 mil personas en protesta por las condenas de hasta 13 años de prisión que impuso el Tribunal Supremo de España a los nueve separatistas, entre ellos el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras.

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