Las consecuencias de los oídos sordos
El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) prometía ser la respuesta a una deuda histórica de acceso a la salud de forma universal y gratuita, sin embargo, desde su puesta en operación ha traído más incertidumbre que certezas sobre un tema tan delicado como lo es la salud de miles de mexicanos.
Desde el anuncio de la creación de este instituto surgieron dudas sobre cuál sería su forma de operación, así como del mecanismo financiero en el que sustentaría un proyecto tan ambicioso como este, la respuesta fue que no empezaría de cero sino que retomaría, transformaría y posteriormente desaparecía la estructura del Seguro Popular. Grave error.
Tras la presentación de la iniciativa por parte del grupo parlamentario de Morena con reforma a la Ley General de Salud, la Ley de Coordinación Fiscal, así como de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, que permitían el desplazamiento del Seguro Popular y la creación del Insabi, las primeras voces que se alzaron fueron desde la sociedad civil, que advirtieron las consecuencias y el atentado a la salud de miles de mexicanos con la desaparición del Seguro Popular, a estas voces se sumaron las de seis exsecretarios de salud federales: Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Córdova Villalobos, Mercedes López, José Narro y Salomón Chertorivski, quienes en un comunicado enviado al presidente López Obrador, a los congresistas y a la opinión pública, expresaron que este tipo de tomas de decisión no deben estar por encima de los prejuicios ideológicos o agendas partidistas e invitaron a la creación de una mesa de diálogo con especialistas, sociedad civil y expertos con la única finalidad de «evitar errores que resulten en una regresión y deterioro de la salud de nuestra población» la invitación fue rechazada por omisión y el avance de las iniciativas en ambas cámaras fue inevitable gracias a la maquinaria de comunicación y la mayoría apabullante morenista; el Seguro Popular desapareció el primero de enero de 2020, tras 16 años en operación y dejando en la incertidumbre a 51 millones 629 mil afiliados, principalmente de los sectores más vulnerables del país.
La certeza que daba el Seguro Popular, ha sido sustituida por una ilusión y una frase: salud universal sin financiamiento ni planeación. La crisis esta a la vista.
6 ex Secretari@s de Salud lo advertimos a través de “Pensando en México” el 5 de agosto de 2019. Aquí el documento. pic.twitter.com/qVFuteNKK1
— Salomón Chertorivski (@Chertorivski) January 9, 2020
Desde el primer día las quejas no han parado, los pacientes acusan falta de medicamentos, tratamientos y una subida excesiva de los precios de las cuotas, un hecho que no debería existir según las declaraciones del presidente sobre la gratuidad del Insabi, la falta de reglas de operación, la desinformación de los administrativos, así como de las y los médicos en los hospitales federales y estatales y la evidente falta de coordinación entre el ejecutivo, la Secretaría de Salud y del presidente del Insabi, Juan Ferrer, se ha convertido en un dolor de cabeza y un calvario para quienes buscan los servicios médicos del desaparecido Seguro Popular: nadie sabe qué hacer, cuánto cobrar, qué atender, a dónde ir; solo incertidumbre.
El arranque del Seguro Popular en 2004 fue planeado con un año de anticipación precisamente para evitar la incertidumbre con la que comenzó a trabajar el Insabi.
Un cambio tan radical como lo fue del Seguro Popular al Insabi debe tener una planeación exhaustiva y de capacitación, desde las bases hasta su titular Juan Ferrer y el secretario de Salud, Juan Alcocer, al menos para asumir una línea discursiva a seguir y no tener que corregir por las tardes lo que el presidente asegura por las mañanas.
La incertidumbre que viven miles de familias es la consecuencia de políticas públicas mal planeadas y de acciones gubernamentales que responden más a la demagogia política encaminada a cumplir con una agenda partidista e ideológica que acciones eficientes, planeadas, organizadas y con un diagnóstico certero que realmente den solución a los problemas de salud en México.
El reto de la salud pública en México no es poca cosa, nos enfrentamos al fin del bono demográfico y el envejecimiento de la población es el más acelerado comparado con el de otros miembros de la OCDE, las enfermedades asociadas a enfermedades cardiovasculares aumentaron el 34 %, por tumores malignos el 71 % y por diabetes mellitus el 296 %. Somos una sociedad madura que requiere servicios de salud complejos y costosos.
Si quienes toman las decisiones políticas en el país siguen viendo el sistema de salud como un botín político y una cartera de condicionamiento al voto, las cosas no estarán mejor que ahora, muy a pesar de la maquinaria comunicativa que el gobierno en turno posee, de seguir esta ruta solo estaremos ante espejismo de cambios «radicales» o dar la impresión que «vamos bien» mientras el sistema colapsa y cada vez se vuelve más y más disfuncional.
La mutación del Seguro Popular al Insabi es el claro ejemplo de una política mal entendida, mal planeada, siguiendo el pragmatismo político, sin diagnóstico y sobre todo mal ejecutada.
Julio Frenk, exsecretario de Salud federal, recientemente mencionó que la desaparición del Seguro Popular: «Fue un ejemplo de cómo se privilegió lo ideológico sobre la eficacia en la gestión gubernamental. En este momento, hay que decirlo, es una forma de corrupción».
El Gobierno federal tuvo la oportunidad de crear un sistema de salud ejemplar sin desaparecer el Seguro Popular, elaborando un plan integral congruente, con un diagnóstico certero y crear algo tan simple como una hoja de ruta si se hubiera permitido escuchar más voces que la del presidente y si los legisladores no fuesen meros alzadores de manos y de verdad hubieran discutido las carencias de la iniciativa en ambas cámaras. Tendrán que asumir las consecuencias políticas, aunque en la realidad quienes siempre pagan son los ciudadanos de a pie.
POR IVÁN ESTRADA
HOY NOVEDADES / LIBRE OPINIÓN
