El motivo sería por negarse a descongelar cuentas bancarias de la institución académica
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) pidió la destitución de Santiago Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y la «aplicación de todo el peso de la ley» en su contra, al igual que a los directivos del Banco HSBC por «haber incurrido en desacato» al negarse a descongelar seis cuentas bancarias en las que hay depositados 151 millones de dólares, pertenecientes a esa institución educativa, pese al fallo emitido el pasado 15 de mayo por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.
A través de un comunicado, la UAEH dio a conocer que la UIF, además de incumplir con el fallo judicial, el pasado 25 de mayo ordenó un nuevo congelamiento «a todas las cuentas e instrumentos financieros» de la Universidad, lo que ha provocado la parálisis de esa casa de estudios y el cual la inhabilita para que reciba los subsidios que le son enviados por la Tesorería de la Federación y que «están destinados al personal y educación», lo cual afecta a siete mil 500 trabajadores activos y jubilados.
Según la UAEH, estas acciones de la UIF vulneran el estado de derecho por lo que pidió la intervención tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, como de Arturo Fernando Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, «para que se respete la ley».
Esto, luego de que Santiago Nieto reiteró que la UAEH no había justificado el origen del dinero y de que había entregado un sobre con información «confidencial» a los magistrados que otorgaron un amparo a favor de la institución educativa a fin de que las seis cuentas de banco fueran descongeladas bajo el argumento de que la UIF no había dado el oficio de solicitud de colaboración de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), por una presunta investigación que relacionaba a la universidad con una banda del crimen organizado.
Sin embargo, en su informe, la UAEH señaló que no hay ningún indicio de lavado de dinero o de algún vínculo con alguna organización criminal. «Hasta el día de hoy y después de más de un año, la UIF no pudo justificar legalmente el bloqueo de las cuentas».
Lo que, según la institución, «constituye un desprecio a la Constitución» y «una falta grave de respeto a las órdenes del Poder Judicial Federal que representa la posible comisión de delitos estipulados en la Ley de Amparo».
Tras puntualizar que la UAEH «no tiene que demostrar su inocencia» toda vez que los 151 millones de dólares son producto «de más de 30 años de trabajo y de ahorro constante de su personal académico y administrativo, así como de los subsidios que recibe».
En el comunicado, la UAEH señaló que sus directivos están conscientes de la gravedad y los riesgos que se viven por la pandemia de Covid-19, pero advirtió que esa institución «está dispuesta a luchar legítimamente con todos los medios a su alcance para hacer valer su derecho y no ver quebrantada la vida institucional».
Con información de La Jornada
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