Diario Vanguardia de Veracruz
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Hace unos días, la Cámara de Senadores aprobó modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), mismas que presuntamente ponen en peligro la libertad de internet e imponen penas a quienes realicen cambios en sus dispositivos electrónicos, según algunas organizaciones. Esta semana la Cámara de Diputados aprobó los cambios.

Esto quiere decir que ahora, a través de un mecanismo conocido como «notificación y retirada», las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor obliga a los proveedores de servicios de internet (como YouTube o Facebook y Twitter) a remover cualquier publicación de sus usuarios cuando alguien más reclame que su contenido no es de su autoría y está violando derechos de autor.

La remoción se realizará sin la necesidad de aportar pruebas y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso.

Si bien la medida busca proteger la propiedad intelectual, también quiere decir que cualquier particular podría censurar expresiones en línea (ya sea cualquier video, fotografía o texto) sin seguir un proceso legal para determinar si hay o no una infracción a derechos de autor.

Otra de las medidas que se aplicarán de acurdo con las modicaciones al Código Penal Federal, es que todo aquel que burle los «candados digítales» de cualquier aparato tecnológico puede ir preso hasta por seis años o ser acreedor a multas de millones de pesos.

Esto quiere decir que será ilegal eludir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo tecnológico.

En pocas palabras, los usuarios no podrán reparar o modificar sus dispositivos electrónicos a menos que los lleven directamente con el fabricante. Esto involucra desde un cambio de batería hasta uno de software.

Respecto a esto, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), opino que lo más probable es que se tomen acciones de inconstitucionalidad por parte de diversos actores que se ven afectados por esta nueva ley, como lo son los proveedores de internet.

Asimismo, no descarta las quejas de los ciudadanos a través de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

«Las personas pueden hacer esta petición para que la CNDH, en el marco sus facultades, pueda realizar esta acción de inconstitucionalidad. Esto para dejar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de modificar la ley», señala Cortés.

HOY NOVEDADES/MI MÉXICO