Si México realmente quisiera combatir el tráfico de piezas históricas, arqueológicas y bienes culturales de la nación, debería tipificar dicho delito como grave en el Código Penal federal y en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aseguró al periódico Excélsior Arturo Saucedo.
Además, abundó el promotor cultural y experto en políticas públicas, se debe insistir en la creación del catálogo de bienes nacionales muebles e inmuebles, el cual debe ser público, así como lo indica la Ley general de Bienes Nacionales.
El comentario llega luego de que el Archivo General de la Nación (AGN) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron la preparación de «una estrategia jurídica» que presentarán esta semana para reclamar documentos que forman parte del patrimonio nacional.
«El AGN y la SRE anunciarán su estrategia, pero sólo es dar palos de ciego, porque no van al fondo de asunto», expresó en entrevista.
El problema que tienes en los litigios internacionales es que, generalmente, «México no litiga porque cuando lo hace, pierde, debido a que no puede acreditar la propiedad de la pieza o la obra y tampoco puede acreditar que ésta ha sido extraída ilegalmente».
«Asimismo, cuando en nuestro país se detecta alguna excavación ilegal, lo que pasa es que meten a la cárcel a los peones, pero no a quien los manda a robar las piezas».
Aunado a esto, «como no se trata de un delito grave, cualquiera sale sin mayor problema, y sólo se quedan en prisión los que no pueden pagar la multa», advirtió.
Saucedo también recordó que, desde hace varias administraciones, «se han etiquetado recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para hacer el catálogo, pero esos dineros se lo gastaron en investigaciones de gabinete, como si ellos no quisieran el catálogo de bienes culturales, porque afirman que sería una manera de darle un instrumento a los saqueadores, pero no es cierto», dijo.
Fuente: Excélsior
