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Resulta bastante paradójico que, antes de convertirse en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador era uno de los principales opositores a la militarización del país, y en cambio, hoy en día, parece darle cada vez más poder al Ejército.

Por ejemplo, el informe 2020/21 de Amnistía Internacional, publicado en mayo de 2020, indica que el gobierno federal desplegó más militares que las dos administraciones presidenciales pasadas como parte de la actual estrategia de seguridad pública, lo cual ya es mucho decir si se toma en cuenta la guerra contra el narco de Calderón.

Además, por decreto de Obrador, el despliegue permanente de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública estará vigente hasta marzo de 2024, lo que quiere decir que el Ejército tendrá bastante influencia hasta el término del actual sexenio.

Sobre esto último, la influencia de dicha institución ya llegó oficialmente a los mares de México, pues a partir de este 5 de junio, la Secretaria de Marina tomará el control de los puertos, tal y como lo prometió Obrador hace unos meses.

Sin embargo, para tranquilizarnos y sin haber pedido explicaciones, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, aclaró que la intervención de la Semar no significa la militarización de los puertos. Al contrario, recalcó que la influencia militar servirá para fortalecer la seguridad y combatir la corrupción en estos lugares.

También aseguró que el comercio no se verá afectado, pues incluso se capacitará a los marinos mercantes y se les apoyará con la colegiatura.

«A la sociedad mexicana: no hay, ni habrá militarización en los puertos ni en las escuelas náuticas, mucho menos en educación náutica», aseguró.

Digamos, por un momento, que somos nosotros quienes piensan mal y vemos militarización y contradicciones por doquier; pero por otro lado, al Gobierno hay que decirle que no haga cosas buenas que parecen malas.

Después de todo, aunque AMLO se dice seguro de que el Ejército es fiel a las instituciones y no traicionaran al pueblo mexicano, el problema es hasta qué punto el presidente, que a fin de cuentas representa una institución, usará a las fuerzas armadas.

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