El Economista

Diputados aprobaron, en comisiones, tipificar como delito la operación de rastros clandestinos en Puebla, debido al riesgo a la salud y maltrato animal que representa, por lo que se castigará con una pena de hasta 4 años de prisión a los encargados de estos lugares.

Lo anterior, durante la sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia este miércoles en la que se adicionó el artículo 474 Quarter al Código Penal del Estado, a propuesta de la diputada morenista, Olga Lucia Romero Garci Crespo.

Los legisladores detallaron que con esto se pretende garantizar que los establecimientos que se dedican a esto cumplan con la norma en la materia y estén certificados por la autoridad competente, así como no se utilicen instrumentos que causen dolor en los animales.

Asimismo, manifestaron que estos espacios carecen de herramientas y de personal capacitado para sacrificar a las especies sin provocarles maltrato, ocasionando muertes violentas que contaminan la carne y resultan dañinas para los consumidores, por lo que no pueden mantenerse operando.

Esto, porque Romero Garci Crespo señaló que en Puebla existen sólo 14 rastros municipales y otros siete que son de Tipo Infección Federal (TIF), en los cales durante el 2020 fueron sacrificados 109 millones 756 mil animales, lo que –dijo– fue una sobrematanza de especies.

La morenista manifestó que, si bien en la ley ya existe la protección a los animales, la forma en que se da muerte de consumo no es la correcta en los lugares que funcionan sin una certificación sanitaria, ya que tampoco cuentan con licencias.

Sostuvo que los productos cárnicos provenientes de esos espacios son considerados insalubres siendo generadores muchos malestares que van desde la diarrea hasta el cáncer, por lo que incluso a nivel nacional uno de cada diez habitantes se enferma por su consumo.

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